A mí que me registren. Así podríamos resumir la respuesta facilitada por el Gobierno ante la pregunta formulada por el parlamentario D. Joan Baldoví Roda, quien el 19 de noviembre de 2014 interpeló al ejecutivo a fin de que esclareciera el destino de los más de 512 millones de euros recaudados con la imposición a los justiciables de las tasas judiciales.

 

Recordemos que la razón de ser de las tasas radicaba en destinar lo ingresado a mejorar el sistema judicial y la asistencia jurídica gratuita para los más desfavorecidos. Sin embargo a día de la fecha, lo único en lo que realmente existe seguridad es la escasez de medios y recursos destinados a la administración de justicia.

 

Buena prueba de ello es el estado de saturación y escasez en que se encuentran algunos juzgados como por ejemplo, el de Vigo.

 

Incluso, llegamos al esperpento de que sea noticia el hecho de que se adquieran tres estanterías para archivar y ordenar una causa, impidiendo que los documentos estén por el suelo, tal y como ha sucedido con uno de los procedimientos que instruye la jueza Alaya.

 

No nos cabe mas que preguntar, ¿ dónde esta la reinversión?, ¿ dónde están las mejoras?. ¿Dónde están los millones?.

 

Lo único que como profesionales sí tenemos claro, es que última consecuencia en la imposición de las tasas al justiciable conlleva un efecto disuasorio en la defensa de nuestros legítimos intereses, transformando la Justicia en un privilegio al alcance de unos pocos.

 

Desde el estudio jurídico tuley, despacho de abogados nos sumamos al manifiesto publicado por la Brigada Tuitera.

 

No a las tasas judiciales.

 

Marta Serradilla Gil
Abogada y mediadora
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